El informe, realizado sobre 70 países, no es muy alentador. La mala noticia es que, de las siete calificaciones posibles -que van desde “defensa consistente de los derechos humanos” a “sociedades endémicamente vigilantes” (“Endemic surveillance societies”)– sólo una recibe alguna de las primeras tres (Grecia, con un calificativo de “adecuadas salvaguardas contra abusos”). Pero una noticia aún más preocupante es que la situación tiende a empeorar.

El estudio se realiza en base a evaluar 14 criterios, vinculados a la legislación de fondo de cada país, la existencia de organismos independientes con poder para controlar abusos, hasta el nivel de debate político respecto de la defensa de estos derechos.

Los peores países en el ránking son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Tailandia, Taiwán, Singapur, China y Malasia. En el caso de Estados Unidos e Inglaterra, promocionados líderes de la democracia occidental, los aspectos más salientes del informe los ubican como los países que lideran las iniciativas de más vigilancia -y menos derechos- a nivel internacional, falta de garantías en la privacidad de las comunicaciones privadas, utilización de mecanismos de identificación invasivos, y en el caso particular de los Estados Unidos, la existencia de pobres garantías constitucionales, falta de legislación sobre privacidad y el impulso a iniciativas de recolección de datos personales incluyendo datos biométricos a nivel global.

Respecto de latinoamérica, el estudio tiene algunas lagunas significativas. Sólo Argentina y Brasil han sido evaluados. En el caso de Brasil, hay una luz de alarma: la calificación final indica “fallas sistémicas en la protección de derechos” (en realidad: “Systemic failure to uphold safeguards”, pero la traducción literal no es la mejor). Señala el informe que no existe aún legislación de protección de datos personales, el uso de medios de identificación basados en datos biométricos están creciendo en el sector privado y hay crecientes preocupaciones por la vigilancia abusiva en los lugares de trabajo, entre otras observaciones.

La situación de Argentina es un poco mejor: está entre los poquísimos países que merecen la cuarta calificación en este ranking (de siete calificaciones posibles). Su situación es “algunas salvaguardas pero débil protección”. El informe sobre Argentina no tiene puntuaciones sobre algunos de los criterios: Biometría y Tarjeta de Identidad, Vigilancia Visual, Monitoreo Laboral y Vigilancia de Fronteras.

El informe destaca, en este caso, la existencia de legislación de protección de datos personales, la obligación de intervención judicial para intervenir comunicaciones privadas y la existencia de importante jurisprudencia a favor de la privacidad y los derechos civiles por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Si agregamos los criterios que no se han evaluado, temo que la nota baje un poco. Veamos:

Biometría y tarjeta de identidad:

• ¿Existe una tarjeta de identidad, y en ese caso, incluye medidas biométricas? Sí, existe el Documento Nacional de Identidad, e incluye como dato de identidad la huella digital.
• Las medidas biométricas ¿están implementadas de manera tal que protejan la identidad o de manera tal que favorezcan la vigilancia? La existencia de bases de datos centralizadas me hacen pensar que la segunda opción es más razonable, pero no tengo argumentos concluyentes.
• ¿Existe un debate adecuado respecto de las biometrías o hay una fe ciega en la tecnología y en la necesidad de responder a imperativos internacionales? El poco debate que existe al respecto se enmarca en las políticas sobre seguridad, con lo que no, no hay un debate adecuado.

Vigilancia Visual:

• ¿Se encuentra extendido el uso de cámara de video en ámbitos públicos y privados? Es una tendencia creciente, hay ciudades que han extendido su uso a los ámbitos públicos (entre ellas, Buenos Aires).
• ¿Su uso se encuentra regulado? No, en absoluto.
• ¿Cuál es la naturaleza del debate político, si existe? Existe, y es monocorde: hay quienes sostienen que es una medida de protección magnífica y quienes nada dicen.

Monitoreo Laboral:

• ¿Hay leyes específicas que prevengan el abuso? No lo sé, quizás alguien pueda ofrecer alguna precisión.
• ¿Existen antecedentes judiciales y vías legales? Sí, recuerdo algunos casos sobre control de los emails de los empleados.

Vigilancia de Fronteras:

• En algunos países, la vigilancia de las fronteras ha llegado a límites considerados desproporcionados. No creo que sea el caso de Argentina.
• ¿Se han implementado control de medidas biométricas en las fronteras? Tanto el documento de identidad como la cédula federal como el pasaporte tienen registro de las huellas digitales, pero hasta donde puedo saber, no hay chequeo de huellas digitales en el paso a países limítrofes.
• ¿Existen acuerdos con otros gobiernos respecto de promover legislaciones más restrictivas, vigilancia e intercambio de datos personales? Nuevamente, lo ignoro. Si alguien puede aportar más precisión, bienvenido.

Aún con estas últimas observaciones, es cierto que la Argentina tiene antecedentes legislativos y jurisprudencia muy auspiciosa respecto de la protección de la privacidad y otros derechos civiles, aunque la ola Blumberg lejos está de haber perdido impulso.

El secuestrado, ingnorante de la situación, está fuera de casa pero por los motivos más triviales (trabajando, en una fiesta, haciendo mandados, o simplemente ya se ha independizado y no vive más allí).

Anoche le sucedió a mi suegro, con un relato ya trillado, pero que la confusión del sueño (la llamada fue a las tres de la madrugada) y el susto convierten en verosímil. Es más o menos así:

-“Disculpe la hora, ha habido un accidente y una de las personas heridas nos ha dado este teléfono. Lamentablemente no puede hablar mucho porque se encuentra muy mal. ¿Falta alguien en su casa?”

Si la persona que contestó la llamada dice algo como “sí, mi hijo Pedro, ¿cómo está, qué pasó?”, la conversación cambia instantáneamente de un accidente a un secuestro: “tenemos a Pedro, si querés que lo soltemos (y sigue el pedido de rescate)”.

En circunstancias normales esto sonaría un poco raro, pero en estos tiempo violentos más la circunstancia de la hora del llamado, más el tono imperativo e impiadoso del interlocutor, tornan urgente la respuesta y el rescate.

Una compañera de trabajo recibió, hace meses, un llamado que repitió, punto por punto, la misma historia, y conozco una buena cantidad de personas que pasaron por la misma experiencia con un relato que sufría leves variaciones. En todos los casos se indagaba acerca de nombres y detalles familiares antes de brindar ninguna información concreta acerca de la supuesta víctima. Ésa es la primer clave: al pasar por una situación similar hay que intentar mantener la cabeza fría y exigir información acerca del accidentado antes de revelar ningún dato (cómo es la persona, en qué auto viajaba, dónde se encontraba, etc.). Y bajo ninguna circunstancia dar información acerca de la familia a extraños que no pueden explicar con precisión los motivos de su indagatoria.

La alternativa es contestar con un dato falso y así probar al interlocutor: si su hijo es Pedro, preguntar por su (inexistente) hija Viviana. Si efectivamente hubo un accidente y Pedro se encuentra en verdaderos problemas le dirán que se trata de un hombre en ese mismo instante.

Parecería ser que los llamados son hechos al azar. Según he consultado, no hay una elección deliberada de la víctima, y en casos sucedidos hace meses no ha existido ningún tipo de contacto posterior por más que la persona que haya contestado al llamado se haya dado cuenta de la trampa y haya cortado entre insultos. Es, dentro de todo, un alivio: pasado el susto no hay motivos para preocuparse más allá de lo razonable.

Cuento esta breve anécdota familiar intentar prevenir: que circulen estas historias ayuda a que este tipo de llamadas sean menos creíbles y que el mal momento termine cuando se cuelga el teléfono con el fracaso de los extorsionadores.

Me refiero a esta peregrina iniciativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de colocar cámaras de video en las principales estaciones de subte.

Entiendo la necesidad de prevenir incidentes como los que se vienen sucediendo, muchos de ellos de enorme seriedad, como los asaltos y violaciones que han sido muy comentados y difundidos por los medios de comunicación. Sin embargo, ¿no hubiera sido más efectivo y económico, aunque quizás menos espectacular, garantizar una mínima presencia policial en lugares tan limitados espacialmente como lo son los andenes del subte?

Si fuera tan necesaria la presencia de las cámaras, uno se imagina que la supervisión de las mismas debería estar en manos de personal controlado judicialmente, y que sus imágenes sólo se utilizarían para prevenir delitos inminentes o como medio de prueba en un proceso judicial. Pero no, la idea no sería en ese caso tan emocionante y mediática y por ello el gobierno ha dispuesto que cualquier particular pueda monitorear las imágenes desde su casa vía internet. Un auténtico y completo desatino, sólo comparable al sistema de monitoreo de la frontera entre México y Estados Unidos concebido por el Gobernador de Texas, Rick Perry. Imagino las llamadas de alarma “¡Policía, en la cámara dos veo a un señor con cara de pervertido!”

La ilusión de la privacidad, cada vez más es sólo eso, una ilusión. Pronto desde que salgas de tu casa hasta que vuelvas a ella cualquiera podrá seguir cada uno de tus pasos, de frente o de perfil, cambiando de cámaras a medida que avances como haría un director de cine.

La fantasía trágica de la dictadura perfecta la esboza como nadie antes el escritor inglés Georges Orwell, en su novela 1984, donde describe una sociedad conducida por una combinación exacta de terror, propaganda y vigilancia extrema. La expresión Gran Hermano, popularizada por patéticos experimentos televisivos, simboliza la observación permanente de todos los actos de los ciudadanos, la pérdida de cualquier derecho a la intimidad y por ende, del derecho a la identidad de los individuos.

En nuestros días, sin llegar a los extremos de la novela, se ha planteado la misma falsa contradicción que denuncia Orwell en su novela, que es la que enfrenta seguridad con privacidad. No se trata de una dicotomía inventada en nuestras tierras: la ciudadanía norteamericana ha resignado derechos ciudadanos elementales persuadida de que ésa es la mejor forma de prevenir nuevos ataques terroristas. En efecto, a partir del 11 de septiembre de 2003, los Estados Unidos han vuelto a su peor tradición de caza de brujas con normas como la Patriot Act que sólo se explican en la propagandización del terror que hizo su propio gobierno.

En la Argentina las motivaciones que llevaron a retroceder gravemente en los derechos civiles no han sido las amenazas de una agresión terrorista sino el agotamiento de gran parte de la sociedad ante la amenaza cotidiana de la inseguridad, que llegó a un punto límite con el trágico desenlace del secuestro y posterior asesinato del joven Blumberg. La conmoción que produjo este episodio provocó, por ejemplo, que miles de ciudadanos firmaran sin siquiera leerlo, el petitorio que impulsó el padre del joven, que en la mayoría de sus puntos respondía a esa lógica falaz: para construir una sociedad segura es necesario renunciar al derecho a la privacidad.

En esa misma lógica se inscribe la Ley 19798 y su Decreto Reglamentario, el 1563/2004, que establece que los proveedores de los servicios de telecomunicaciones deberán dejar registros de todas las operaciones de sus clientes por 10 años. Además ser poco claro en sus disposiciones (para un análisis exhaustivo de estas normas, se recomienda enfáticamente el artículo de Beatriz Busaniche La intimidad privatizada), lo que en este tipo de normas las hace aún más peligrosas, lo cierto es que pone en manos de empresas privadas la obligación de vigilar el movimiento que sus clientes hacen por internet. Este tipo de disposiciones, sumadas a las recomendaciones de las empresas extranjeras más importantes del ramo que indican la necesidad de establecer medios automáticos de vigilancia activa sobre los mensajes que se intercambien por medio de la red (ver, también de Busaniche, Quién vigila a la corporación vigilante), indican un futuro preocupante.

Si hay alguien que debería conocer perfectamente la forma vertiginosa en que nuestra seguridad se reduce cuando se reduce el derecho elemental a la privacidad, ése debería ser un argentino. Porque hemos tenido una experiencia histórica reciente y trágica signada por esta lógica fascista de que la seguridad se obtiene sobre la vigilancia ilimitada sobre los ciudadanos. Una sociedad construida sobre la base de que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario corre un riesgo cierto de dejar escapar a algunos culpables. Pero una sociedad basada en la certeza de que todos somos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario, fatalmente condenará a muchos inocentes.