En este caso se trata de identificar al poseedor de cada teléfono celular utilizando medidas biométricas (la huella digital), obligando a reempadronar a unos 30 milllones de celulares y sus respectivos dueños. Una exasperación de control, ya que desde que ingresamos a la era Blumberg la compra de un celular supone un largo y tedioso trámite que ya incluye una minuciosa identificación del comprador.

La justificación del ministro me ha hecho ruborizar porque pensé que estaba citando el post que precede estas reflexiones, pero al instante recuperé el color y la cordura: el ministro tiene cosas más importantes que hacer que leer estas tonterías. De todas maneras, nótese la semejanza:

• Párrafo del artículo “El ojo de China que todo lo ve”:

La muletilla que sirve como excusa para estos avances no es, sin embargo, patrimonio oriental: en todas las latitudes suele escucharse cada tanto (y en estos días parece ser que toca), la justificación proto fascista que reza que “no tienes que preocuparte por estas medidas: si no eres un delincuente no tienes nada que temer”?, plantando la sospecha de antemano sobre cualquiera que reclame por sus derechos más elementales.

• Párrafo del Ministro:

En declaraciones a Radio Continental, el funcionario precisó que “nadie que tenga un celular de buena fe tendrá inconvenientes en registrarlo”.

El razonamiento, la justificación, la excusa, como se ve, es la misma: sí, son medidas que amenazan la privacidad, que ponen en riesgo los derechos civiles, pero… ¿por qué te preocupa tu privacidad? ¿Acaso estás escondiendo algo? La idea es estigmatizar a cualquiera que proteste: si alguien se queja… por algo será.

Lo más triste es que tampoco queda claro la eficacia de la medida respecto del pretendido objetivo de “cerrar el mercado negro de celulares”. De hecho, mercado negro existe no por falta de identificación precisa de los dueños de los celulares, sino porque la denuncia de pérdida o robo ante las compañías es sólo un asiento administrativo que habilita a vender un reemplazo, pero no activa medidas técnicas que inhabiliten el aparato extraviado ni mecanismos de recuperación del mismo si llegara a utilizarse nuevamente. Nada de esto cambia por el sólo hecho de agregar la huella a la firma.

Es decir, sólo humo, pero humo que acostumbra al estado de sospecha generalizado y permanente, y que genera sentido común respecto de aberraciones como que sólo los delincuentes se preocupan por la privacidad.

Klein pone el foco en el uso extendido de las más modernas tecnologías aplicadas a la vigilancia, en uno de los nuevos centros urbanos, desarrollados a partir de este febril experimento cuya eficacia parece estar fuera de toda duda. Se refiere en particular a la ciudad de Shenzhen, hasta hace poco un delta surcado por cursos de agua y plagado de arrozales, hoy una metrópolis vertiginosa y moderna donde se fabrican los gadgets tenológicos de moda.

Pero Shenzen no sólo se destaca por las grandes marcas que allí se han radicado, sino por las más de 200.000 cámaras de vigilancia que se han instalado en los últimos dos años en la ciudad, y las 2 millones que se planean instalar en los próximos tres años. Shenzen es una ciudad donde no existe la vida privada: cámaras disimuladas como dispositivos de alumbrado público vigilan cada esquina, mientras -con el aporte invalorable de empresas norteamericanas- se utilizan para testear programas de reconocimiento de rostros para identificar automáticamente quién es esa persona que espera el transporte, con quién conversa, hacia dónde se dirige.

La muletilla que sirve como excusa para estos avances no es, sin embargo, patrimonio oriental: en todas las latitudes suele escucharse cada tanto (y en estos días parece ser que toca), la justificación proto fascista que reza que “no tienes que preocuparte por estas medidas: si no eres un delincuente no tienes nada que temer”, plantando la sospecha de antemano sobre cualquiera que reclame por sus derechos más elementales.

La defección de las potencias occidentales luego del atentado a las Torres Gemelas también es una excusa valiosa: Londres ya tiene medio millón de cámaras de vigilancia en sus calles, y se ha creado una suerte de sentido común a partir de la amenaza genérica de la inseguridad (provocada por temor al terrorismo en las grandes potencias, por el crimen callejero en los países del sur) que dice que el amparo va de la mano de la restricción de los derechos civiles. En mi opinión, es esa noción la que constituye una terrible amenaza sobre la democracia y sobre los ciudadanos.

Olvidé la revista en el asiento del avión al descender. Sin embargo, encontré la versión original en el sitio web oficial de Naomi Klein: China’s All-Seeing Eye.

También, y aunque merece un post propio, hay un cuento de Cory Doctorow que va en la misma línea y merece ser leído: Engoogleados, cuya trama comienza no mucho más allá de donde termina el artículo de Klein. Y la línea que separa el artículo periodístico del cuento de ciencia ficción es tan sutil que cuesta distinguir uno de otro.

La Autoridad italiana para la Protección de la Privacidad determinó que estos procedimientos [la realización de actividades sistemáticas de control] son ilegales, ya que la directiva europea sobre telecomunicaciones prohíbe a las compañías privadas efectuar controles masivos de datos.

Via Mangas Verdes.

El desprecio por la privacidad, el secuestro de la información personal y la extorsión de una industria obsoleta y decadente no requieren de una sugerente voz femenina para medrar entre gobernantes que -quiero creer- ignoran por un lado y no se preocupan por comprender, por otro, de qué se trata internet y cuál es su impacto en la vida cotidiana. Tan es así, que Gran Bretaña está por imitar a Francia y se encuentra considerando un proyecto de ley que “obligará a los proveedores de acceso a Internet a convertirse en policías, monitorizar el tráfico y denunciar a sus usuarios, o a recibir sanciones si no lo hacen”.

Vía El blog de Enrique Dans

Se trata de un tema controvertido, ya que afecta la manera en que funcionan muchos buscadores, entre ellos Google, que sostiene que una dirección IP no puede jamás identificar a una persona sino a una máquina.

Los planteos de Google apuntan sobre todo a casos como cibercafés u oficinas, donde las computadoras son utilizadas por múltiples usuarios. El problema de Google (y otros buscadores) en que este tipo de decisiones afectan seriamente la forma en que recolectan y utilizan información de la web.

En el caso de Google, la información asociadada a una IP modifica los resultados que se muestran en las búsquedas y la publicidad online que se presenta al usuario, ya que esa información permite asociar la IP con experiencias anteriores de navegación y búsqueda, determinando perfiles de uso de la web y eventualmente, de consumo.

En la Argentina parece existir una laguna importante al respecto, tanto de la legislación como de los organismos regulatorios. Se agradecerá cualquier dato si alguien conoce algún antecedente o proyecto en este sentido.

Ya ha acumulado serias críticas por lo que supone en términos de invasión a la privacidad de las personas, como la de Daniel Sabsay, conocido constitucionalista, que dice en cambio: “Este monitoreo constante no se compadece con la protección de datos de la vida íntima y la salud de una persona”.

Elemental. Sin embargo, también ha recogido alguna aislada opinión favorable, como la del especialista en recursos humanos Ariel Kievsky, de la Universidad de San Andrés: “Me parece interesante que también permita alertar cuándo un empleado se encuentra con riesgo cardíaco en una situación de estrés”.

Estimado Ariel, ¿no le parece más razonable y equilibrado ofrecer controles médico periódicos? ¿O garantizar ambientes de trabajo saludables? ¿O facilitar actividades físicas permanentes para los sedentarios? Es decir, tratar a los trabajadores como personas antes de pensar en cablearlos a su escritorio.

El informe, realizado sobre 70 países, no es muy alentador. La mala noticia es que, de las siete calificaciones posibles -que van desde “defensa consistente de los derechos humanos” a “sociedades endémicamente vigilantes” (“Endemic surveillance societies”)– sólo una recibe alguna de las primeras tres (Grecia, con un calificativo de “adecuadas salvaguardas contra abusos”). Pero una noticia aún más preocupante es que la situación tiende a empeorar.

El estudio se realiza en base a evaluar 14 criterios, vinculados a la legislación de fondo de cada país, la existencia de organismos independientes con poder para controlar abusos, hasta el nivel de debate político respecto de la defensa de estos derechos.

Los peores países en el ránking son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Tailandia, Taiwán, Singapur, China y Malasia. En el caso de Estados Unidos e Inglaterra, promocionados líderes de la democracia occidental, los aspectos más salientes del informe los ubican como los países que lideran las iniciativas de más vigilancia -y menos derechos- a nivel internacional, falta de garantías en la privacidad de las comunicaciones privadas, utilización de mecanismos de identificación invasivos, y en el caso particular de los Estados Unidos, la existencia de pobres garantías constitucionales, falta de legislación sobre privacidad y el impulso a iniciativas de recolección de datos personales incluyendo datos biométricos a nivel global.

Respecto de latinoamérica, el estudio tiene algunas lagunas significativas. Sólo Argentina y Brasil han sido evaluados. En el caso de Brasil, hay una luz de alarma: la calificación final indica “fallas sistémicas en la protección de derechos” (en realidad: “Systemic failure to uphold safeguards”, pero la traducción literal no es la mejor). Señala el informe que no existe aún legislación de protección de datos personales, el uso de medios de identificación basados en datos biométricos están creciendo en el sector privado y hay crecientes preocupaciones por la vigilancia abusiva en los lugares de trabajo, entre otras observaciones.

La situación de Argentina es un poco mejor: está entre los poquísimos países que merecen la cuarta calificación en este ranking (de siete calificaciones posibles). Su situación es “algunas salvaguardas pero débil protección”. El informe sobre Argentina no tiene puntuaciones sobre algunos de los criterios: Biometría y Tarjeta de Identidad, Vigilancia Visual, Monitoreo Laboral y Vigilancia de Fronteras.

El informe destaca, en este caso, la existencia de legislación de protección de datos personales, la obligación de intervención judicial para intervenir comunicaciones privadas y la existencia de importante jurisprudencia a favor de la privacidad y los derechos civiles por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Si agregamos los criterios que no se han evaluado, temo que la nota baje un poco. Veamos:

Biometría y tarjeta de identidad:

• ¿Existe una tarjeta de identidad, y en ese caso, incluye medidas biométricas? Sí, existe el Documento Nacional de Identidad, e incluye como dato de identidad la huella digital.
• Las medidas biométricas ¿están implementadas de manera tal que protejan la identidad o de manera tal que favorezcan la vigilancia? La existencia de bases de datos centralizadas me hacen pensar que la segunda opción es más razonable, pero no tengo argumentos concluyentes.
• ¿Existe un debate adecuado respecto de las biometrías o hay una fe ciega en la tecnología y en la necesidad de responder a imperativos internacionales? El poco debate que existe al respecto se enmarca en las políticas sobre seguridad, con lo que no, no hay un debate adecuado.

Vigilancia Visual:

• ¿Se encuentra extendido el uso de cámara de video en ámbitos públicos y privados? Es una tendencia creciente, hay ciudades que han extendido su uso a los ámbitos públicos (entre ellas, Buenos Aires).
• ¿Su uso se encuentra regulado? No, en absoluto.
• ¿Cuál es la naturaleza del debate político, si existe? Existe, y es monocorde: hay quienes sostienen que es una medida de protección magnífica y quienes nada dicen.

Monitoreo Laboral:

• ¿Hay leyes específicas que prevengan el abuso? No lo sé, quizás alguien pueda ofrecer alguna precisión.
• ¿Existen antecedentes judiciales y vías legales? Sí, recuerdo algunos casos sobre control de los emails de los empleados.

Vigilancia de Fronteras:

• En algunos países, la vigilancia de las fronteras ha llegado a límites considerados desproporcionados. No creo que sea el caso de Argentina.
• ¿Se han implementado control de medidas biométricas en las fronteras? Tanto el documento de identidad como la cédula federal como el pasaporte tienen registro de las huellas digitales, pero hasta donde puedo saber, no hay chequeo de huellas digitales en el paso a países limítrofes.
• ¿Existen acuerdos con otros gobiernos respecto de promover legislaciones más restrictivas, vigilancia e intercambio de datos personales? Nuevamente, lo ignoro. Si alguien puede aportar más precisión, bienvenido.

Aún con estas últimas observaciones, es cierto que la Argentina tiene antecedentes legislativos y jurisprudencia muy auspiciosa respecto de la protección de la privacidad y otros derechos civiles, aunque la ola Blumberg lejos está de haber perdido impulso.

Si Henry Ford volviera a la vida, estaría maravillado por Internet: la manera desinhibida en que muchas personas se expresan en la Web hace muy sencillo la tarea de supervisar la vida privada de los empleados.

Un dato curioso de este estudio es que parece ser que los adolescentes son mucho más cuidadosos y no suelen dejar sus perfiles privados a la vista de cualquiera, aunque sean usuarios muy activos de redes sociales (o, quizás, precisamente por eso).

Esta falta de preocupación también explica el éxito de algunos servicios. Cada tanto me llegan emails generados por amigos o conocidos solicitando datos personales que irán a quién sabe qué base de datos. Algunos, incluso, con mensajes naif del estilo “¡XXX te ha agregado a su lista de amigos… ¿Quieres ser amigo de XXX?”.

Para dejarlo claro de una vez por todas: que mande esos emails directamente a la papelera no indica que no sea tu amigo. Pero hazme un favor: si necesitas mis datos me los pides directamente, no me mandas a una empresa a pedirlos en tu nombre.

En medio de la charla, no sé bien por qué, nos acordamos de aquel viejo affaire del espionaje a periodistas, en el que Daniel Santoro, del diario Clarín, Luis Majul, del programa “La Cornisa” en América TV, y Ernesto Tenembaum, de Radio Mitre, denunciaron que sus cuentas de correo electrónico habían sido violadas y sus correos leídos y copiados sin autorización.

Recuerdo que alguno de ellos (creo que Tenembaum) utilizaba servicios de correo web como Hotmail. También recuerdo que alguna vez Bea Busaniche citó algún párrafo de las condiciones de uso de ese servicio, que niegan de manera explícita cualquier ilusión de privacidad. La versión más actual de ese contrato dice:

8. Envío de materiales.

Usted puede enviar materiales para su utilización en relación con el servicio. Excepto los materiales para los que le concedamos licencia, no nos atribuimos la propiedad de los materiales que usted envíe o de otro modo proporcione a Microsoft en relación con el servicio (que denominamos “material enviado”). Sin embargo, al enviar o facilitarnos su material enviado, nos concede permiso gratuito para:

• utilizar, copiar, distribuir, mostrar, publicar y modificar su material enviado, siempre en relación con el servicio;
• publicar su nombre en relación con el material enviado; y
• conceder estos permisos a otras personas.

Todo este rollo, en realidad, para indicar un par de cosas que probablemente todos sepamos pero que no viene mal recordar (aún cuando no usemos webmail):

1. El correo electrónico es un medio de comunicación tan privado como una carta postal enviada fuera del sobre.
2. Si el cartero no está interesado en nuestras cuestiones personales, es probable que no la lea y aún más probable que no la difunda… pero sólo eso: probable.
3. La única manera de garantizarse privacidad en el correo electrónico -y, ya que estamos, en nuestro servicio de mensajería (msn, yahoo, jabber, etc), consiste en cifrar los mensajes.

Recomiendo el documento “El derecho a cifrar”, de David Casacuberta, que ya es un clásico en estas cuestiones y que no está de más volver a leerlo.

Aclaración final: en mi correo electrónico personal no utilizo ninguno de estos consejos. Ahora bien, eso es por una simple -y quizás ingenua- cuestión de fe: creer que mis cuestiones privadas no afectan lo suficientemente a nadie como para invertir ningún esfuerzo en interceptar mis mensajes. Pero un periodista de un medio nacional no debería ignorarlo. Usar el email como si fuera realmente un medio privado es, en todo caso, una muestra de poca profesionalidad.