Cierto es que no se abolió aún la pena de muerte en ese país, razón de ser de este artefacto cruel y degradante que a la indignidad del asesinato legal que ayudaba a perpetrar le agregaba la indignidad de convertir la ejecución en un espectáculo morboso, rémora atávica de las ejecuciones públicas de la Edad Media. Prohibir una forma inhumana de provocar la muerte no implica humanizar el asesinato.

Su uso por casi 120 años sólo se puede explicarse en el morbo de los verdugos y de la comunidad que veía en la silla eléctrica un instrumento de venganza más que de justicia: su primer víctima no llegó a morir y fue necesario repetir el procedimiento; su última víctima demoró tanto que brotaron llamas de su cabeza. En 1946, un reo llamado Willie Francis no murió: un carcelero ebrio había instalado mal el dispositivo. Sus abogados exigieron que se diera por cumplida la sentencia, sin embargo al año siguiente Francis debió sentarse nuevamente sobre la dura madera de la silla.

En muchas ocasiones el mecanismo se descompuso luego de iniciado el procedimiento, lo que implicaba que los verdugos debieran repararlo mientras el condenado agonizaba con plena conciencia.

Sacco y Vanzetti fueron asesinados mediante la silla eléctrica, en un proceso que luego de revisado obligó a los verdugos a pedir disculpas a sus descendientes. Pobres disculpas que no reparan dos cuerpos calcinados.

Sin embargo, esta vergüenza no ha sido eliminada del todo en los Estados Unidos: los estados de Alabama, Florida, Carolina del Sur, Kentucky, Tennessee y Virginia siguen previendo el método de la silla eléctrica aunque su utilización queda sujeta a la elección del reo. Se trata de los únicos lugares en todo el mundo que prevén esta forma de ejecución.

Mayor vergüenza aún deberían dar ciertas opiniones: el Gobernador de Nebraska, Dave Heineman, está indignado con la decisión de la Corte ya que se ha quedado sin método legal de ejecución. La mejor noticia no es que se haya cancelado el uso de la silla, sino que forzosamente se suspenden las ejecuciones en ese Estado hasta tanto no se llene el vacío legal que ha dejado a los habitantes de Nebraska sin un mecanismo para llevar a cabo el asesinato estatal.

La resolución de la Corte de Justicia de Nebraska es un paso modesto, pero un paso adelante al fin. Falta que se considere inhumano el asesinato legal, sea cual fuere el método escogido, para que esta vergüenza concluya definitivamente.

El informe, realizado sobre 70 países, no es muy alentador. La mala noticia es que, de las siete calificaciones posibles -que van desde “defensa consistente de los derechos humanos” a “sociedades endémicamente vigilantes” (“Endemic surveillance societies”)– sólo una recibe alguna de las primeras tres (Grecia, con un calificativo de “adecuadas salvaguardas contra abusos”). Pero una noticia aún más preocupante es que la situación tiende a empeorar.

El estudio se realiza en base a evaluar 14 criterios, vinculados a la legislación de fondo de cada país, la existencia de organismos independientes con poder para controlar abusos, hasta el nivel de debate político respecto de la defensa de estos derechos.

Los peores países en el ránking son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Tailandia, Taiwán, Singapur, China y Malasia. En el caso de Estados Unidos e Inglaterra, promocionados líderes de la democracia occidental, los aspectos más salientes del informe los ubican como los países que lideran las iniciativas de más vigilancia -y menos derechos- a nivel internacional, falta de garantías en la privacidad de las comunicaciones privadas, utilización de mecanismos de identificación invasivos, y en el caso particular de los Estados Unidos, la existencia de pobres garantías constitucionales, falta de legislación sobre privacidad y el impulso a iniciativas de recolección de datos personales incluyendo datos biométricos a nivel global.

Respecto de latinoamérica, el estudio tiene algunas lagunas significativas. Sólo Argentina y Brasil han sido evaluados. En el caso de Brasil, hay una luz de alarma: la calificación final indica “fallas sistémicas en la protección de derechos” (en realidad: “Systemic failure to uphold safeguards”, pero la traducción literal no es la mejor). Señala el informe que no existe aún legislación de protección de datos personales, el uso de medios de identificación basados en datos biométricos están creciendo en el sector privado y hay crecientes preocupaciones por la vigilancia abusiva en los lugares de trabajo, entre otras observaciones.

La situación de Argentina es un poco mejor: está entre los poquísimos países que merecen la cuarta calificación en este ranking (de siete calificaciones posibles). Su situación es “algunas salvaguardas pero débil protección”. El informe sobre Argentina no tiene puntuaciones sobre algunos de los criterios: Biometría y Tarjeta de Identidad, Vigilancia Visual, Monitoreo Laboral y Vigilancia de Fronteras.

El informe destaca, en este caso, la existencia de legislación de protección de datos personales, la obligación de intervención judicial para intervenir comunicaciones privadas y la existencia de importante jurisprudencia a favor de la privacidad y los derechos civiles por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Si agregamos los criterios que no se han evaluado, temo que la nota baje un poco. Veamos:

Biometría y tarjeta de identidad:

• ¿Existe una tarjeta de identidad, y en ese caso, incluye medidas biométricas? Sí, existe el Documento Nacional de Identidad, e incluye como dato de identidad la huella digital.
• Las medidas biométricas ¿están implementadas de manera tal que protejan la identidad o de manera tal que favorezcan la vigilancia? La existencia de bases de datos centralizadas me hacen pensar que la segunda opción es más razonable, pero no tengo argumentos concluyentes.
• ¿Existe un debate adecuado respecto de las biometrías o hay una fe ciega en la tecnología y en la necesidad de responder a imperativos internacionales? El poco debate que existe al respecto se enmarca en las políticas sobre seguridad, con lo que no, no hay un debate adecuado.

Vigilancia Visual:

• ¿Se encuentra extendido el uso de cámara de video en ámbitos públicos y privados? Es una tendencia creciente, hay ciudades que han extendido su uso a los ámbitos públicos (entre ellas, Buenos Aires).
• ¿Su uso se encuentra regulado? No, en absoluto.
• ¿Cuál es la naturaleza del debate político, si existe? Existe, y es monocorde: hay quienes sostienen que es una medida de protección magnífica y quienes nada dicen.

Monitoreo Laboral:

• ¿Hay leyes específicas que prevengan el abuso? No lo sé, quizás alguien pueda ofrecer alguna precisión.
• ¿Existen antecedentes judiciales y vías legales? Sí, recuerdo algunos casos sobre control de los emails de los empleados.

Vigilancia de Fronteras:

• En algunos países, la vigilancia de las fronteras ha llegado a límites considerados desproporcionados. No creo que sea el caso de Argentina.
• ¿Se han implementado control de medidas biométricas en las fronteras? Tanto el documento de identidad como la cédula federal como el pasaporte tienen registro de las huellas digitales, pero hasta donde puedo saber, no hay chequeo de huellas digitales en el paso a países limítrofes.
• ¿Existen acuerdos con otros gobiernos respecto de promover legislaciones más restrictivas, vigilancia e intercambio de datos personales? Nuevamente, lo ignoro. Si alguien puede aportar más precisión, bienvenido.

Aún con estas últimas observaciones, es cierto que la Argentina tiene antecedentes legislativos y jurisprudencia muy auspiciosa respecto de la protección de la privacidad y otros derechos civiles, aunque la ola Blumberg lejos está de haber perdido impulso.

Resulta que una joven de 19 años que debido a una discapacidad mental posee la edad madurativa de una niña de 8 años, fue violada hace unos cuantos meses. Como resultado de esa violación, la joven quedó embarazada. Su madre, anoticiada que en este caso el aborto es una práctica consentida por la legislación argentina, concurrió con su hija a un hospital público para realizar esa práctica e intentar morigerar los efectos de la tragedia familiar. Dada la claridad del precepto legal, nunca pensaron que se estaban metiendo en un laberinto jurídico sin salida.

En efecto, el artículo 85 del Código Penal de la Nación dice:

(…)
El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;
2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

Los médicos, pese a estar claramente facultados para practicar el aborto, no pudieron, porque una fiscal presurosa hizo una denuncia, y la Jueza Inés Siro, con argumentos increíbles, negó el derecho de la joven y de su familia. Dijo la jueza, por ejemplo, que desconocía que la joven hubiera sido violada. Es necesario hacer una aclaración adicional: el “acceso carnal”, se considera violación “cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido” (artículo 119 inc. 2 del Código Penal). Es decir, el embarazo de una joven con retraso mental sólo puede ser resultado de una violación en la consideración de la ley. Pero la jueza insiste: “Del abuso sexual a mí no me dieron ni noticias”.

De la Jueza pasó a la Cámara, de la Cámara a la Corte. La Corte deliberó, y deliberó, y deliberó, y dictó sentencia: ratificó la letra de la ley, regañó a las instancias anteriores dado que en esas circunstancias no se requiere de autorización judicial y habilitó la práctica médica, exigiendo además al Poder Ejecutivo que atendiera las necesidades médicas y económicas de la familia, de muy escasos recursos.

Cuando la niña volvió al hospital junto a su madre para poner, al menos, un punto y aparte en su drama personal, se encontró con que, según los médicos, el aborto ya era impracticable: con cinco meses de gestación, sostienen los especialistas, ya no se trataría de un aborto sino de un parto inducido, con otros riesgos para la vida de la madre.

Conclusión 1: La niña no comprende el proceso de su propio embarazo, fruto de una violación, pero va a ser madre en pocos meses, aunque tampoco logre comprender jamás qué es lo que eso significa.

Conclusión 2: Aunque la letra de la ley sea, en este caso, clara y precisa, nadie va a llevar nunca más a su hija o familiar con retraso mental a un hospital para practicar un aborto e interrumpir un embarazo fruto de una violación. Directamente se dirigirán a sitios donde esta misma práctica se realiza de manera ilegal, en condiciones sanitarias y profesionales que muchas veces se llevan las vidas de las jóvenes que no tienen más remedio que ése.

Conclusión 3: Muy valiente ha de ser el médico que acceda a realizar un aborto en estas condiciones. Aunque la ley lo ampare y protega no tiene ninguna garantía de que los jueces actúen como la ley indica.

Una hermosura, vea. Y encima hay que bancarse a los energúmenos hablando de “un triunfo de la vida”. Parece que para algunos así se llaman la violación, la denegación de justicia, la falta de acceso a servicios de salud permitidos y previstos por la ley, y el castigo ensañado sobre la pobreza. Porque, qué duda cabe, la chiquilina no hubiera pasado por nada de esto si la miseria no fuera su triste compañera.

Ayer mismo me contaban exactamente esa historia un grupo de presos alojados en la Unidad 9 de La Plata. Aclaro desde el inicio que ninguno de mis interlocutores pretendió reivindicar su inocencia, aunque conocían perfectamente ésta y otras imperfecciones del sistema de seguridad y justicia no menos preocupantes. Pero es necesario pisar aunque sea unos minutos el suelo de una prisión para comenzar a imaginar las dimensiones de la tragedia que significa encarcelar a un inocente. En estos tiempos de inseguridad ciudadana y de reacciones Blumberg, es vital recordar que el axioma fundante de nuestra sociedad es aquél de la presunción de inocencia y no el contrario.

Pero vamos por partes: la Unidad 9 de La Plata es una cárcel de máxima seguridad donde se encuentran alojados 1600 internos ubicada a pocas cuadras del centro de la capital de la provincia de Buenos Aires. En uno de sus pabellones funciona un Centro Universitario donde los presos pueden estudiar Derecho mediante un convenio existente con la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata.

A raíz de las inquietudes de uno de esos estudiantes y de la insistencia de mi amigo Cosme, comenzamos un diálogo con el Centro Universitario a fin de ver si es posible mejorar las posibilidades de estudio en condiciones tan complejas. Tuve un interesante contacto con un funcionario con responsabilidad en estos temas, quien me propuso visitar el Centro Universitario, pero antes de avanzar quería verificar personalmente la voluntad de estudiar de las personas involucradas de manera más directa: es decir, los presos.

No es una cuestión trivial: en los últimos años el Centro Universitario del Penal había disminuido su actividad y se había verificado un constante descenso de las materias rendidas, por lo que muchos sostenían que la inscripción en las materias obedecía más a un intento de refugiarse de la violencia de otros pabellones que a la existencia de una vocación real por el estudio. Claro que el intento de salvar la vida no es un motivo menor, pero lo real es que si faltan resultados académicos se debilita cualquier intento de profundizar estas políticas.

Así es que pasé a buscar a Cosme a las seis de la madrugada y quince minutos más tarde estábamos haciendo la cola para entrar al Penal como visitantes comunes. La cola estaba formada por cientos de familiares y amigos de los internos, entre los que se cuentan decenas de niños y bebés, que soportan el frío de la madrugada para aprovechar al máximo las horas de visita. La mayoría ya se nota veterana en estas lides, y se arman grupos que conversan animadamente para matizar la espera. Hay excepciones, claro: una joven de pelo platinado con una niña en brazos deja su lugar en la fila porque descubre que hay otra cola que avanza más rápido y piensa que se trata de un privilegio para madres con hijos. En realidad, se trata de familiares que tienen un carnet de visita. Ella no ha realizado aún ese trámite y cuando vuelve a su fila original la distancia que la separa de la puerta se ha duplicado.

Requisa exhaustiva, impresión de pulgar en varias estaciones, preguntas varias, amabilidad inesperada, es justo decirlo, de parte de los agentes del Servicio Penitenciario. Y finalmente adentro, luego de varias puertas y rejas que sólo abren cuando la anterior se cierra.

El locutorio donde nos esperan cuatro estudiantes es un galpón lleno de mesas improvisadas y bancos destartalados. A cada minuto se arma una nueva mesa que algún preso solícito cubre con un mantel para recibir a una nueva visita. Los abrazos de novias, esposas, madres, padres que reencuentran sus afectos se multiplican y un enjambre de niños corretea por todos los rincones. La cumbia suena persistente y caen gruesas gotas de agua que el sol comienza a condensar de la chapa del techo.

Cosme había aportado un pollo que uno de nuestros interlocutores se lleva con destino al horno y unas facturas para acompañar la ronda interminable de mate. El primero en hablar es un veterano de distintas prisiones que nos hace una breve historia del Centro Universitario, incluyendo la decadencia de los últimos tiempos y el nuevo impulso que pretendían darle. Nos cuenta que están pintando las aulas y que sueñan con la posibilidad de abrir más carreras, conseguir computadoras y ampliar el material de estudio. Luego sigue un muchacho muy joven, que reivindica la existencia del Centro Universitario y la tranquilidad del pabellón: “no se puede estudiar si tenés que estar todo el tiempo cuidándote de que no te claven un arponazo”. Un hombre con bastantes años más de edad y de celdas -a pesar de no tener sentencia- habla con voz pausada y firme acerca de sus expectativas vinculadas al estudio y de sus incertidumbres por la falta de condena precisa. “Acá sacás turno para esperar. Esperás hasta que llegue tu turno y cuando llega, esperás”, explicaba sonriente y resignado.

A las diez de la mañana el muchacho que había llevado el pollo vuelve para anunciar que el almuerzo está listo. Los únicos desorientados con la noticia somos Cosme y yo, se ve que para los internos la hora de almorzar es cualquier hora, pero como nos ven algo perplejos deciden postergarlo hasta las once. Yo debo irme, de todas maneras, así que agradezco la invitación y prometo volver, aunque será en visita algo más formal en este diálogo incipiente con las autoridades.

Pero más allá de la cuestión institucional, que no es el objeto de este relato, resulta impactante encontrar personas que en el fondo de un pozo construyen proyectos personales que quizás los salven en un sentido mucho más amplio que el de las meras circunstancias jurídicas o procesales. No pregunté qué hechos los habían llevado hasta la celda, con toda seguridad delitos no menores y probablemente no exentos de violencia. Hoy sus faros son aquellas personas que en las mismas circunstancias han logrado estudiar y recibirse en la prisión. Gran parte de la charla consistió en contarme quiénes son sus ejemplos, dónde trabajan, cómo se habían superado a pesar de todo. Y para escépticos como yo, sirve para abrigar la esperanza de que algún día las cárceles sirvan para aquello que prescribe nuestra Constitución.