El informe, realizado sobre 70 países, no es muy alentador. La mala noticia es que, de las siete calificaciones posibles -que van desde “defensa consistente de los derechos humanos” a “sociedades endémicamente vigilantes” (“Endemic surveillance societies”)– sólo una recibe alguna de las primeras tres (Grecia, con un calificativo de “adecuadas salvaguardas contra abusos”). Pero una noticia aún más preocupante es que la situación tiende a empeorar.

El estudio se realiza en base a evaluar 14 criterios, vinculados a la legislación de fondo de cada país, la existencia de organismos independientes con poder para controlar abusos, hasta el nivel de debate político respecto de la defensa de estos derechos.

Los peores países en el ránking son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Tailandia, Taiwán, Singapur, China y Malasia. En el caso de Estados Unidos e Inglaterra, promocionados líderes de la democracia occidental, los aspectos más salientes del informe los ubican como los países que lideran las iniciativas de más vigilancia -y menos derechos- a nivel internacional, falta de garantías en la privacidad de las comunicaciones privadas, utilización de mecanismos de identificación invasivos, y en el caso particular de los Estados Unidos, la existencia de pobres garantías constitucionales, falta de legislación sobre privacidad y el impulso a iniciativas de recolección de datos personales incluyendo datos biométricos a nivel global.

Respecto de latinoamérica, el estudio tiene algunas lagunas significativas. Sólo Argentina y Brasil han sido evaluados. En el caso de Brasil, hay una luz de alarma: la calificación final indica “fallas sistémicas en la protección de derechos” (en realidad: “Systemic failure to uphold safeguards”, pero la traducción literal no es la mejor). Señala el informe que no existe aún legislación de protección de datos personales, el uso de medios de identificación basados en datos biométricos están creciendo en el sector privado y hay crecientes preocupaciones por la vigilancia abusiva en los lugares de trabajo, entre otras observaciones.

La situación de Argentina es un poco mejor: está entre los poquísimos países que merecen la cuarta calificación en este ranking (de siete calificaciones posibles). Su situación es “algunas salvaguardas pero débil protección”. El informe sobre Argentina no tiene puntuaciones sobre algunos de los criterios: Biometría y Tarjeta de Identidad, Vigilancia Visual, Monitoreo Laboral y Vigilancia de Fronteras.

El informe destaca, en este caso, la existencia de legislación de protección de datos personales, la obligación de intervención judicial para intervenir comunicaciones privadas y la existencia de importante jurisprudencia a favor de la privacidad y los derechos civiles por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Si agregamos los criterios que no se han evaluado, temo que la nota baje un poco. Veamos:

Biometría y tarjeta de identidad:

• ¿Existe una tarjeta de identidad, y en ese caso, incluye medidas biométricas? Sí, existe el Documento Nacional de Identidad, e incluye como dato de identidad la huella digital.
• Las medidas biométricas ¿están implementadas de manera tal que protejan la identidad o de manera tal que favorezcan la vigilancia? La existencia de bases de datos centralizadas me hacen pensar que la segunda opción es más razonable, pero no tengo argumentos concluyentes.
• ¿Existe un debate adecuado respecto de las biometrías o hay una fe ciega en la tecnología y en la necesidad de responder a imperativos internacionales? El poco debate que existe al respecto se enmarca en las políticas sobre seguridad, con lo que no, no hay un debate adecuado.

Vigilancia Visual:

• ¿Se encuentra extendido el uso de cámara de video en ámbitos públicos y privados? Es una tendencia creciente, hay ciudades que han extendido su uso a los ámbitos públicos (entre ellas, Buenos Aires).
• ¿Su uso se encuentra regulado? No, en absoluto.
• ¿Cuál es la naturaleza del debate político, si existe? Existe, y es monocorde: hay quienes sostienen que es una medida de protección magnífica y quienes nada dicen.

Monitoreo Laboral:

• ¿Hay leyes específicas que prevengan el abuso? No lo sé, quizás alguien pueda ofrecer alguna precisión.
• ¿Existen antecedentes judiciales y vías legales? Sí, recuerdo algunos casos sobre control de los emails de los empleados.

Vigilancia de Fronteras:

• En algunos países, la vigilancia de las fronteras ha llegado a límites considerados desproporcionados. No creo que sea el caso de Argentina.
• ¿Se han implementado control de medidas biométricas en las fronteras? Tanto el documento de identidad como la cédula federal como el pasaporte tienen registro de las huellas digitales, pero hasta donde puedo saber, no hay chequeo de huellas digitales en el paso a países limítrofes.
• ¿Existen acuerdos con otros gobiernos respecto de promover legislaciones más restrictivas, vigilancia e intercambio de datos personales? Nuevamente, lo ignoro. Si alguien puede aportar más precisión, bienvenido.

Aún con estas últimas observaciones, es cierto que la Argentina tiene antecedentes legislativos y jurisprudencia muy auspiciosa respecto de la protección de la privacidad y otros derechos civiles, aunque la ola Blumberg lejos está de haber perdido impulso.

Primera. en su habitual columna de Clarín, Oscar Raúl Cardoso señala una vez más lo que a esta altura debería ser obvio y son embargo, para los que deciden, no lo es: las políticas de seguridad que avanzan sobre la restriccion de derechos individuales sólo son eficaces para restringir esos derechos y, en menor medida, para justificar los fracasos de quienes las implementan.

La nota, que lleva de título: “A seis años del 11-S: más vigilancia, más inseguridad“, da cuenta de algunos de los efectos más nocivos de esta fallida percepción de la seguridad, entre ellos el dotar de poderes discrecionales a funcionarios gubernamentales para repartir culpas y sembrar sospechas, o el novedoso proyecto de Ley impulsado por la canciller alemana Angela Merkel, que entre otras cosas prevé invadir con troyanos computadoras ajenas para escudriñar desde las sombras del disco rígido las costumbres online de las personas.

Resulta tan miope esta concepción que si imaginamos esa política llevada a la exasperación, en el final del camino la mayor amenaza a la seguridad termina siendo la propia política de seguridad. Sí, se trata de un tema recurrente de este blog, pero que no puede dejar de preocupar a quienes valoran y defienden sus derechos.

Recomiendo enfáticamente la nota de Cardoso, especialmente su último apartado acerca de las detenciones preventivas. Las agresiones contra la privacidad, en esta era de intolerancia, han devenido también en una ola de racismo convertida en política pública en la Gran Democracia Americana.

Segundo. En el mismo Clarín viene un suplemento de notas seleccionadas del New York Times. En este tema de la seguridad, una muy interesante de Scott Shane: Nuevas redes oline para la comunidad de espías. Se trata del intento de los espías de no naufragar en Internet, y su intento de comprender y utilizar fenómenos como los blogs, las comunidades online y la Wikipedia.

En este último caso, es muy curioso notar que las agencias de seguridad tienen su propio software MediaWiki instalado en tres redes que se articulan en la Intellipedia, wiki corporativo con varias decenas de miles de artículos sobre cuestiones sensibles para las agencias de inteligencia norteamericanas.

Si bien, obviamente, no se trata de una enciclopedia, y mucho menos una fuente abierta de información, recoge las costumbres de edición de la propia Wikipedia, entre una comunidad cerrada pero no compartimentada como dictarían los hábitos tradicionales del mundo del recontraespionaje (Maxwell Smart dixit).

Miembros del Club Republicano de la Universidad de Nueva York anunciaron que hoy jugarán a “Encuentre al inmigrante ilegal”? en el parque de esa casa de estudios. El juego consiste en que estudiantes identificados como “agentes de inmigración”? tratarán de detener a otro que llevará escrito “indocumentado”? en un cartelito. El que logre detener al ilegal recibirá un premio de cien dólares. La presidenta del Club de Estudiantes Republicanos reconoció que el juego es “provocativo”?, pero negó que fuera “racista”?.

Sin palabras.

Sin embargo, no sólo la seguridad física se delega y privatiza: también la seguridad de los sistemas informáticos de organismos tan sensibles como el Ministerio de Justicia. De acuerdo a una investigación realizada por Relecturas y comentada por Bea, el sistema de seguridad informático de este Ministerio sería provisto y gestionado por la empresa PriceWaterHouseCoopers.

Según la nota, la empresa ya habría solicitado al Ministerio, copia de toda la información existente en sus servidores. Ignoro si los funcionarios responsables han tomado en cuenta que privatizar la seguridad informática implica transferir a una empresa privada la responsabilidad por la integridad y en muchos casos el secreto de toda esa información. Más aún, ignoro si han tomado en cuenta que gran parte de esa información le pertenece a los ciudadanos y que la hemos confiado al Estado para el mejor cumplimiento de sus fines.

Recomiendo leer la nota completa y estar atento a la evolución de la noticia, aún pendiente de confirmación.

Me refiero a esta peregrina iniciativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de colocar cámaras de video en las principales estaciones de subte.

Entiendo la necesidad de prevenir incidentes como los que se vienen sucediendo, muchos de ellos de enorme seriedad, como los asaltos y violaciones que han sido muy comentados y difundidos por los medios de comunicación. Sin embargo, ¿no hubiera sido más efectivo y económico, aunque quizás menos espectacular, garantizar una mínima presencia policial en lugares tan limitados espacialmente como lo son los andenes del subte?

Si fuera tan necesaria la presencia de las cámaras, uno se imagina que la supervisión de las mismas debería estar en manos de personal controlado judicialmente, y que sus imágenes sólo se utilizarían para prevenir delitos inminentes o como medio de prueba en un proceso judicial. Pero no, la idea no sería en ese caso tan emocionante y mediática y por ello el gobierno ha dispuesto que cualquier particular pueda monitorear las imágenes desde su casa vía internet. Un auténtico y completo desatino, sólo comparable al sistema de monitoreo de la frontera entre México y Estados Unidos concebido por el Gobernador de Texas, Rick Perry. Imagino las llamadas de alarma “¡Policía, en la cámara dos veo a un señor con cara de pervertido!”

La ilusión de la privacidad, cada vez más es sólo eso, una ilusión. Pronto desde que salgas de tu casa hasta que vuelvas a ella cualquiera podrá seguir cada uno de tus pasos, de frente o de perfil, cambiando de cámaras a medida que avances como haría un director de cine.

En Quién vigila al vigilante la vigilanta se hace eco de uno de los usos más abusivos: la implantación de microchips en el cuerpo de los empleados para que sus empleadores puedan controlarlos más eficazmente.

La noticia original, en el diario El Mundo, recoge el repudio que la organización Profesionales de la tecnología por la responsabilidad social ha manifestado, considerando esta práctica como una “pésima iniciativa”, que implanta en el cuerpo de los empleados un microchip que no se puede desactivar ni expulsar excepto con una pequeña cirugía.

Los impulsores destacan el carácter “voluntario” de los implantes. Sin embargo no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que no siempre es sencillo negarse ante un requerimiento del jefe…

“Todos sabemos que es factible ubicar a una persona con una fiabilidad de unos 100 metros según la distancia de su teléfono móvil a la estación GPS a la que está conectado.

Pero estos chicos lo han implementado, con interface estilomapas Google, para el Reino Unido. Los 4 operadores de telefonía móvil están cubiertos (Orange, O2, Vodafone, T-Mobile).

En el web de World Tracker te registras como “espía”; indicas qué números de móvil quieres monitorizar; a este móvil se le envía un SMS que pide autorización; ya puedes ver su localización en un mapa cómodamente desde tu hogar o zulo de espía demente.”

Creo que es importante prestar atención a estos usos de la tecnología cotidiana que pueden servir como violaciones inadmisibles de la privacidad. Me imagino que a los ideólogos de la República Blumberg estas novedades les deben parecer geniales. Sin descartar que este servicio puede tener usos útiles (en el campo de la seguridad personal, probablemente), es imprescindible regularlos para que al menos su uso requiera del conocimiento y autorización de la persona monitoreada -para que efectivamente su uso esté orientado a la seguridad y no a la invasión de la privacidad- y que se controle la utilización abusiva por parte de empleadores hacia sus dependientes.

La fantasía trágica de la dictadura perfecta la esboza como nadie antes el escritor inglés Georges Orwell, en su novela 1984, donde describe una sociedad conducida por una combinación exacta de terror, propaganda y vigilancia extrema. La expresión Gran Hermano, popularizada por patéticos experimentos televisivos, simboliza la observación permanente de todos los actos de los ciudadanos, la pérdida de cualquier derecho a la intimidad y por ende, del derecho a la identidad de los individuos.

En nuestros días, sin llegar a los extremos de la novela, se ha planteado la misma falsa contradicción que denuncia Orwell en su novela, que es la que enfrenta seguridad con privacidad. No se trata de una dicotomía inventada en nuestras tierras: la ciudadanía norteamericana ha resignado derechos ciudadanos elementales persuadida de que ésa es la mejor forma de prevenir nuevos ataques terroristas. En efecto, a partir del 11 de septiembre de 2003, los Estados Unidos han vuelto a su peor tradición de caza de brujas con normas como la Patriot Act que sólo se explican en la propagandización del terror que hizo su propio gobierno.

En la Argentina las motivaciones que llevaron a retroceder gravemente en los derechos civiles no han sido las amenazas de una agresión terrorista sino el agotamiento de gran parte de la sociedad ante la amenaza cotidiana de la inseguridad, que llegó a un punto límite con el trágico desenlace del secuestro y posterior asesinato del joven Blumberg. La conmoción que produjo este episodio provocó, por ejemplo, que miles de ciudadanos firmaran sin siquiera leerlo, el petitorio que impulsó el padre del joven, que en la mayoría de sus puntos respondía a esa lógica falaz: para construir una sociedad segura es necesario renunciar al derecho a la privacidad.

En esa misma lógica se inscribe la Ley 19798 y su Decreto Reglamentario, el 1563/2004, que establece que los proveedores de los servicios de telecomunicaciones deberán dejar registros de todas las operaciones de sus clientes por 10 años. Además ser poco claro en sus disposiciones (para un análisis exhaustivo de estas normas, se recomienda enfáticamente el artículo de Beatriz Busaniche La intimidad privatizada), lo que en este tipo de normas las hace aún más peligrosas, lo cierto es que pone en manos de empresas privadas la obligación de vigilar el movimiento que sus clientes hacen por internet. Este tipo de disposiciones, sumadas a las recomendaciones de las empresas extranjeras más importantes del ramo que indican la necesidad de establecer medios automáticos de vigilancia activa sobre los mensajes que se intercambien por medio de la red (ver, también de Busaniche, Quién vigila a la corporación vigilante), indican un futuro preocupante.

Si hay alguien que debería conocer perfectamente la forma vertiginosa en que nuestra seguridad se reduce cuando se reduce el derecho elemental a la privacidad, ése debería ser un argentino. Porque hemos tenido una experiencia histórica reciente y trágica signada por esta lógica fascista de que la seguridad se obtiene sobre la vigilancia ilimitada sobre los ciudadanos. Una sociedad construida sobre la base de que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario corre un riesgo cierto de dejar escapar a algunos culpables. Pero una sociedad basada en la certeza de que todos somos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario, fatalmente condenará a muchos inocentes.