Vía LinuxParty llegué al Ranking Internacional 2007 sobre Privacidad de Privacy international, un grupo creado en 1990 que trabaja en el campo de los derechos humanos, y que tiene una mirada atenta sobre vigilancia e invasiones a la privacidad por parte de gobiernos y corporaciones.

El informe, realizado sobre 70 países, no es muy alentador. La mala noticia es que, de las siete calificaciones posibles -que van desde “defensa consistente de los derechos humanos” a “sociedades endémicamente vigilantes” (“Endemic surveillance societies”)– sólo una recibe alguna de las primeras tres (Grecia, con un calificativo de “adecuadas salvaguardas contra abusos”). Pero una noticia aún más preocupante es que la situación tiende a empeorar.

El estudio se realiza en base a evaluar 14 criterios, vinculados a la legislación de fondo de cada país, la existencia de organismos independientes con poder para controlar abusos, hasta el nivel de debate político respecto de la defensa de estos derechos.

Los peores países en el ránking son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Tailandia, Taiwán, Singapur, China y Malasia. En el caso de Estados Unidos e Inglaterra, promocionados líderes de la democracia occidental, los aspectos más salientes del informe los ubican como los países que lideran las iniciativas de más vigilancia -y menos derechos- a nivel internacional, falta de garantías en la privacidad de las comunicaciones privadas, utilización de mecanismos de identificación invasivos, y en el caso particular de los Estados Unidos, la existencia de pobres garantías constitucionales, falta de legislación sobre privacidad y el impulso a iniciativas de recolección de datos personales incluyendo datos biométricos a nivel global.

Respecto de latinoamérica, el estudio tiene algunas lagunas significativas. Sólo Argentina y Brasil han sido evaluados. En el caso de Brasil, hay una luz de alarma: la calificación final indica “fallas sistémicas en la protección de derechos” (en realidad: “Systemic failure to uphold safeguards”, pero la traducción literal no es la mejor). Señala el informe que no existe aún legislación de protección de datos personales, el uso de medios de identificación basados en datos biométricos están creciendo en el sector privado y hay crecientes preocupaciones por la vigilancia abusiva en los lugares de trabajo, entre otras observaciones.

La situación de Argentina es un poco mejor: está entre los poquísimos países que merecen la cuarta calificación en este ranking (de siete calificaciones posibles). Su situación es “algunas salvaguardas pero débil protección”. El informe sobre Argentina no tiene puntuaciones sobre algunos de los criterios: Biometría y Tarjeta de Identidad, Vigilancia Visual, Monitoreo Laboral y Vigilancia de Fronteras.

El informe destaca, en este caso, la existencia de legislación de protección de datos personales, la obligación de intervención judicial para intervenir comunicaciones privadas y la existencia de importante jurisprudencia a favor de la privacidad y los derechos civiles por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Si agregamos los criterios que no se han evaluado, temo que la nota baje un poco. Veamos:

Biometría y tarjeta de identidad:

• ¿Existe una tarjeta de identidad, y en ese caso, incluye medidas biométricas? Sí, existe el Documento Nacional de Identidad, e incluye como dato de identidad la huella digital.
• Las medidas biométricas ¿están implementadas de manera tal que protejan la identidad o de manera tal que favorezcan la vigilancia? La existencia de bases de datos centralizadas me hacen pensar que la segunda opción es más razonable, pero no tengo argumentos concluyentes.
• ¿Existe un debate adecuado respecto de las biometrías o hay una fe ciega en la tecnología y en la necesidad de responder a imperativos internacionales? El poco debate que existe al respecto se enmarca en las políticas sobre seguridad, con lo que no, no hay un debate adecuado.

Vigilancia Visual:

• ¿Se encuentra extendido el uso de cámara de video en ámbitos públicos y privados? Es una tendencia creciente, hay ciudades que han extendido su uso a los ámbitos públicos (entre ellas, Buenos Aires).
• ¿Su uso se encuentra regulado? No, en absoluto.
• ¿Cuál es la naturaleza del debate político, si existe? Existe, y es monocorde: hay quienes sostienen que es una medida de protección magnífica y quienes nada dicen.

Monitoreo Laboral:

• ¿Hay leyes específicas que prevengan el abuso? No lo sé, quizás alguien pueda ofrecer alguna precisión.
• ¿Existen antecedentes judiciales y vías legales? Sí, recuerdo algunos casos sobre control de los emails de los empleados.

Vigilancia de Fronteras:

• En algunos países, la vigilancia de las fronteras ha llegado a límites considerados desproporcionados. No creo que sea el caso de Argentina.
• ¿Se han implementado control de medidas biométricas en las fronteras? Tanto el documento de identidad como la cédula federal como el pasaporte tienen registro de las huellas digitales, pero hasta donde puedo saber, no hay chequeo de huellas digitales en el paso a países limítrofes.
• ¿Existen acuerdos con otros gobiernos respecto de promover legislaciones más restrictivas, vigilancia e intercambio de datos personales? Nuevamente, lo ignoro. Si alguien puede aportar más precisión, bienvenido.

Aún con estas últimas observaciones, es cierto que la Argentina tiene antecedentes legislativos y jurisprudencia muy auspiciosa respecto de la protección de la privacidad y otros derechos civiles, aunque la ola Blumberg lejos está de haber perdido impulso.